Sentada en la sala de su nueva casa,  ubicada en el barrio San Antonio Alto del municipio de Facatativá (Cundinamarca), Yuli Alejandra Rico Gutiérrez recuerda cómo se sintió cuando supo que la compra del terreno en el que había construido su casa era ilegal, que pertenecía al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por lo que tendría que desalojarlo.

“Me sentía muy mal, porque el dinero que use para comprar el terreno era de mis hijos, era una plata que tenía guardada y la invertí ahí, luego poco a poco fui levantando la casita. Me gasté casi 20 millones de pesos, por eso mi miedo era quedarme en la calle”, dice esta madre de cinco niños.

Yuli pertenece al grupo de familias que fueron engañadas por tierreros quienes con una promesa de compraventa sin ningún tipo de validez legal, compraron en el terreno conocido como Vereditas en la localidad de Kennedy. Ella como muchos de sus antiguos vecinos decidió acogerse al Decreto 457 de 2017,  por el cual se creó e implementó el programa de acompañamiento para la mitigación de las acciones derivadas de la recuperación del lugar.

“Cuando los de la Caja de la Vivienda Popular llegaron todos me decían que me iban a sacar, que no me iban a dar nada, pero yo a pesar que me decían que era una vendida, decidí aceptar. Mi proceso fue rápido, entregué los papeles y cuando me dijeron que todo había salido positivo me consignaron la plata y enseguida compré la casa aquí en Facatativá”, cuenta mientras muestra su vivienda.

Una de las cosas que más le gusta a Yuli de su casa, es que con solo abrir la llave tiene agua a diferencia de Vereditas, donde diariamente tenía que recoger el líquido en canecas porque al tratarse de un barrio de invasión no contaban con servicio de acueducto, además, como siempre supo que corrían el riesgo de ser desalojados vivía con zozobra a tal punto que sus niños permanecían encerrados.

“Aquí tengo tranquilidad, esta vivienda es mía y de mis hijos, no nos van a sacar, la Caja de la Vivienda Popular me cumplió, mi casa es muy bonita, me gusta mucho, es el futuro de mis niños. Yo le doy un consejo a mis vecinos y a toda la gente que antes de comprar miren que el lugar sea legal, que tengan escrituras para que no les pase lo mismo”, culmina Yuli.

Juan Pablo Tovar Ochoa, director del programa de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular, manifestó que las familias que se acogieron al proceso, luego de presentar documentos, cumplir con los requisitos legales exigidos y tener un estudio positivo, reciben un instrumento financiero equivalente a 70 salarios mínimos mensuales.