La Alcaldía de Bogotá, a través de la Caja de la Vivienda Popular, avanza a pasos ‘agigantados’ en el proceso de reubicación de familias que viven en Caracolí, en Ciudad Bolívar, quienes habitan esta zona ilegal y deben ser trasladados porque el sector presenta problemas de salubridad.
A 469 de las 644 familias que viven en la ocupación ilegal de Caracolí, ya les aprobaron sus documentos e ingresaron al programa de reasentamientos de la Caja de la Vivienda. El Distrito trabaja para concientizar a los faltantes para que se beneficien y mejoren sus condiciones de vida.
La Alcaldía de Bogotá, a través de la Caja de la Vivienda Popular, avanza a pasos ‘agigantados’ en el proceso de reubicación de familias que viven en Caracolí, en Ciudad Bolívar, quienes habitan esta zona ilegal y deben ser trasladados porque el sector presenta problemas de salubridad.
Las 644 familias que fueron notificadas han sido sensibilizadas sobre la importancia de entregar su ocupación para que puedan acogerse a las alternativas del Distrito. Por esto, más de 609 han aportado documentos, es decir, mostraron interés de reubicarse de manera definitiva en otro lugar.
Sin embargo, algunas de las familias que residen en Caracolí están renuentes de ingresar al programa. Por esto, los funcionarios de la entidad siguen visitando la zona para mostrarles que el Distrito quiere salvaguardar sus vidas y mejorar sus condiciones de salubridad ya que, según relatan los beneficiarios, conviven en medio de infecciones, roedores y falta de agua potable.
Una vez las familias aportan los documentos, el equipo jurídico de la Dirección de Reasentamientos evidencia que estén en regla y cumplan con las condiciones establecidas por la ley.
A la fecha, de las 644 familias notificadas, 469 estudios salieron positivos, 75 negativos y 65 están en proceso de revisión. A los hogares, cuyo resultado del estudio fue negativo, se les otorga diez días hábiles para subsanar y/o allegar la documentación faltante o requerida.
El director de la Caja de la Vivienda Popular, Lino Roberto Pombo, informó que 124 hogares ya recibieron instrumento financiero, es decir, 70 salarios mínimos legales vigentes que pueden utilizar una vez entreguen su predio a la CVP para efectuar compra en otro lugar.
Además, destacó que a 49 familias que se acogieron a la alternativa de relocalización transitoria, se les paga un arriendo temporal en una vivienda, mientras seleccionan su casa o apartamento definitivo.
Por el momento, el equipo jurídico de la CVP seguirá estudiando la viabilidad de los documentos aportados y paralelamente se continuará con la sensibilización a las familias restantes que de manera voluntaria no han querido acogerse para brindarles una nueva oportunidad de vivienda digna y segura.