Según cifras de la Secretaría de Hábitat y la Corporación Autónoma Regional (CAR), por lo menos 1.400 de esos habitantes tendrán que ser reubicados por residir en zonas de alto riesgo, de acuerdo con la orden que el alto tribunal le dio al 

Distrito para trasladar a quienes viven en esas zonas.

Estos son los primeros impactos de la sentencia del Consejo de Estado que ratificó la redelimitación de la reserva forestal que hizo el Ministerio de Ambiente: sustrajo 973 hectáreas del bosque natural protegido y lo redujo de 14.116 hectáreas a 13.143.

La secretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, dijo que, aun cuando no conocía el texto completo de la sentencia, en principio no se tendrá que modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), como lo pidió el alto tribunal para que se ajuste a la sentencia.

El POT -explicó Maldonado- ya había contemplado en uno de sus artículos que si el Consejo de Estado autorizaba los barrios legalizados ubicados en la franja de adecuación que se sustrajo e, inclusive, los pendientes de legalización, "entrarían a formar parte del perímetro urbano de la ciudad para dotarlos y mejorarlos en infraestructuras y servicios".

Esa franja está constituida por las 973 hectáreas que dejaron de ser parte de la reserva. La mitad de ella está construida y la otra mitad no.

En el 50 por ciento de terreno no ocupado -informó Maldonado-, el POT contempló, a su vez, mantenerlo como suelo rural y de protección y destinarlo al que se llamará parque Borde Oriental.

"Por todo eso que se previó en el POT pienso que no es imprescindible que se le tenga que hacer una modificación", apuntó Maldonado.

De acuerdo con la CAR y Hábitat, en la reserva forestal, incluidas las 973 hectáreas que fueron sustraídas, viven 116.000 personas en aproximadamente 7.000 predios.

Lo que hay en el terreno

La reserva protegida se extiende desde el Boquerón de Chipaque (en el suroriente) a Chía (en el norte). En ese territorio hay nueve veredas y en él se formaron 64 barrios, de los cuales 4 se levantaron en la reserva.

La subsecretaria de Planeación Territorial, Liliana Ospina, dijo que antes de la expedición del POT del 2000 se legalizaron 35 barrios.

Por el contrario, no están legalizados otros 27, entre ellos El Paraíso, San Isidro, La Sureña y Soratama lote 95A. "Una vez se conozca el contenido del fallo, se revisará la compatibilidad con las modificaciones del POT para decidir sobre esos barrios", expresó.

En cuanto a quienes viven en los legalizados y quedaron en la reserva forestal tendrán que pagar el impuesto ambiental, sostuvo Maldonado.

Sobre las polémicas licencias de urbanismo expedidas en esos terrenos para nuevas construcciones, Planeación afirmó que hasta ahora solo ha encontrado una irregular: la que se dio para tres etapas de Villa de Los Alpes, en el suroriente.

Dudas en los municipios

Alcaldes de municipios vecinos de Bogotá están a la espera de conocer el texto completo del fallo para definir sus alcances y si este les pone o no freno a los proyectos que allí se llevan a cabo. Para el alcalde de Chía, Guillermo Varela, quien ha mostrado su inconformidad con las construcciones que se desarrollan en zonas de protección ambiental, "el fallo nos da fuerza para resguardar el ambiente y reiterar que mi mano no firmará nuevas licencias que acaben con los cerros. Se nos convirtió en una herramienta para defenderlos", dijo el mandatario. Por su parte, el alcalde de La Calera, álvaro Venegas, quien ha recibido duras críticas por las autorizaciones que ha otorgado, aseguró que "ajustaremos el Plan de Ordenamiento Territorial cuando haya que hacerlo, cuando se defina la incidencia que este fallo tiene en 43 municipios y cuando tengamos un concepto del Ministerio de Ambiente".

Un realinderamiento en forma de zigzag

Una de las críticas que se le hicieron a la Resolución 463 del 14 de abril del 2005, mediante la cual el Ministerio de Ambiente fijó los nuevos linderos de la reserva forestal de los cerros orientales, que acaba de avalar el Consejo de Estado, fue que la línea de esa reserva se trazó en forma de zigzag, para legalizar, supuestamente, edificaciones irregulares de alto estrato. Gustavo Petro, entonces congresista, fue uno de quienes, por esa causa, más cuestionó ese realinderamiento.

En la reserva forestal funcionaban once minas

El Consejo de Estado decidió que en la reserva forestal no se podrán realizar actividades mineras. Ese es un aspecto que aparece controlado en el bosque natural, a juicio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que encontró inicialmente en esos terrenos 11 minas en explotación. En los últimos años han quedado 10 inactivas, y solo una sigue en operación.

La autoridad ambiental señaló que esta última cumple un plan de manejo y restauración ambiental. En cuanto a la parte de los cerros que corresponde a la vigilancia a la Secretaría de Ambiente, fuera de la reserva, el control de tales minas ha sido cuestionado por la Contraloría y la Personería.

La mayoría son fuente de extracción de material para construcción y están especialmente en la parte baja de los cerros de Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, según se informó.