Se cansó de vivir cinco años ilegalmente, de bañarse y lavar su ropa durante el día porque el líquido escasea en las noches ya que es de contrabando. Yenni Xiomara Rubiano Espinosa, de 38 años, también se estresó porque en su casa, ubicada en una invasión de Caracolí, localidad de Ciudad Bolívar, no duerme.  Vigila para que el invierno no la sorprenda y su vivienda, construida en tablas, tejas de zinc y escaso cemento, no ruede por el barranco. Está ubicada en una zona de alto riesgo por remoción en masa.

Por esto, Rubiano, vendedora de tintos y aromáticas, madre de una joven de 14 años (otro de sus hijos, un bebé de dos meses murió un año atrás), no dudó en aceptar la propuesta del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de reasentarse.

A través de la Caja de la Vivienda Popular de Bogotá, a Yenni se le propuso entre un Valor Único de Reconocimiento (VUR), que alcanza los 70 salarios mínimos legales vigentes, o escoger uno de los apartamentos que construye la CVP. Deisy decidirá en las próximas semanas.

“Estoy feliz”, reconoce esta bogotana, mientras entrega los documentos a los funcionarios del Distrito que viabilizarán si podrá convertirse en beneficiaria del Distrito. Allí, en medio de 294 de sus vecinos que se acogieron a la reubicación, narra el calvario que padeció para poder ocupar un espacio en Caracolí.

Invadió un terreno en este sector, pero le apareció dueño y la sacaron. Llegó a otro, a escasos metros, y pagó 1.5 millones de pesos por la posesión. Era- como hoy- un hueco, aunque sin paredes, techo y tierra desprendiéndose cada vez que le ponía peso.

“Le fui metiendo bloque, cemento y ahí edifiqué mi casa de muñecos, como describen mi hogar mis vecinos”, confiesa. Por el agua – extraída ilegalmente de un tubo madre- pagó a una de sus vecinas (la más antigua) 20 mil pesos por el derecho. Y una cifra similar por una energía de contrabando que colapsa cuando sus vecinos, todos de escasos recursos económicos, se les da por encender el televisor o el equipo de sonido con un volumen exagerado.

Está cansada de vivir ilegalmente, repite. Y recuerda los amagues de desalojos que le han anunciado las autoridades. “Nos dicen que viene la Policía y lo primero que cogemos es a los niños y corra”, añade. Por esto, quiere una mejor vida. Anhela convertirse en beneficiaria de la Caja de la Vivienda Popular de Bogotá, que el alcalde Enrique Peñalosa le entregue su nuevo hogar.

“Sueño que sea legal, que nadie me saque, un sitio donde no me de frío, esté segura y pueda dormir tranquila ya que los vendavales también la desvelan”. Un año atrás- recuerda- la brisa ‘desnudó’ su casa. Las tejas rodaron metros abajo con la buena suerte de no herir a nadie. “Hubiera sido terrible”.

Esa historia quiere olvidarla. O mejor, cambiarla. Por esto, creyó en la CVP, en la Nueva Bogotá, en el alcalde Enrique Peñalosa y sabe que saldrá victoriosa.